Seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar
▶ Garantizar la seguridad y salud en el empleo doméstico es una responsabilidad compartida. Te explicamos las claves prácticas y los nuevos derechos que introduce el Real Decreto 893/2024, con las fechas de cumplimiento que ya están en vigor.
CONTENIDOS: Seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar
Cuando contratas a una persona para trabajar en tu hogar, tu vivienda pasa a ser también su entorno laboral. Garantizar su seguridad y salud no es solo una cuestión de cuidado personal, sino una obligación legal que exige identificar riesgos, aplicar medidas preventivas y respetar nuevos derechos específicos. Con la entrada en vigor del Real Decreto 893/2024, esta responsabilidad se ha concretado por primera vez en un marco normativo completo, con plazos definidos que, a día de hoy, ya son exigibles para los empleadores del hogar.
¿Qué implica la prevención de riesgos laborales en el empleo doméstico?
La prevención de riesgos laborales en el ámbito del servicio del hogar familiar supone reconocer que el trabajo doméstico conlleva riesgos reales, aunque se desarrolle en un entorno privado. A diferencia de otros sectores, estos riesgos se producen en un espacio no diseñado originalmente como centro de trabajo, lo que exige un enfoque preventivo adaptado a cada domicilio y a las tareas concretas que se realizan.
Este nuevo enfoque parte del derecho de la persona trabajadora a una protección eficaz de su seguridad y salud. Para el empleador, implica asumir un papel activo en la identificación de peligros, la adopción de medidas preventivas y la información clara sobre cómo realizar el trabajo de forma segura, con el apoyo de las herramientas elaboradas por los organismos públicos competentes.
¿Cuáles son los plazos clave que ya están en vigor?
El nuevo marco legal estableció un calendario de aplicación progresivo vinculado a la puesta a disposición de herramientas oficiales por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). A fecha de hoy, diciembre de 2025, varias obligaciones ya son plenamente exigibles.
En primer lugar, la evaluación de riesgos laborales debe estar realizada desde el 14 de noviembre de 2025. Todos los empleadores del hogar están obligados a haber evaluado los riesgos existentes en el domicilio mediante la herramienta gratuita facilitada por el INSST, dejando constancia documentada de dicho análisis y de las medidas preventivas adoptadas.
Además, desde septiembre de 2025 es obligatorio contar con protocolos específicos frente a la violencia y el acoso en el ámbito del hogar familiar. Estos protocolos deben permitir prevenir situaciones de acoso sexual o por razón de sexo y establecer pautas claras de actuación, apoyándose en la guía técnica publicada por el INSST.
¿Qué riesgos pueden existir en un hogar y cómo se previenen?
Aunque pueda parecer un entorno seguro, el hogar puede presentar diversos riesgos laborales que conviene identificar de forma sistemática.
Entre los más habituales se encuentran los riesgos químicos derivados del uso de productos de limpieza, los riesgos ergonómicos asociados a la manipulación de cargas o a posturas forzadas, los riesgos eléctricos por el uso de electrodomésticos y los riesgos biológicos relacionados con determinadas tareas de cuidado.
La prevención pasa por adoptar medidas prácticas y proporcionadas. Utilizar productos adecuados, facilitar equipos de protección cuando sean necesarios, mantener los electrodomésticos en buen estado y organizar correctamente los espacios para evitar caídas son actuaciones sencillas que reducen de forma significativa la probabilidad de accidentes. Esta identificación previa de riesgos es, además, la base para cumplir correctamente con las obligaciones preventivas exigidas por la normativa vigente.
¿Qué derechos tiene la persona que trabaja en el hogar familiar?
El nuevo marco normativo refuerza de forma clara los derechos de las personas trabajadoras del hogar, equiparándolos progresivamente a los del resto de sectores laborales y reconociendo su especial situación de vulnerabilidad.
Derecho a la formación y a la información preventiva
La persona trabajadora tiene derecho a recibir formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, adaptada a las tareas concretas que desempeña en el domicilio. Esta formación debe centrarse en los riesgos existentes y en las medidas preventivas aplicables, y debe impartirse preferentemente dentro de la jornada laboral o compensarse con tiempo equivalente.
Junto a la formación, existe el derecho a recibir información clara y comprensible sobre los riesgos identificados en la evaluación y sobre las medidas adoptadas para evitarlos, con el apoyo de los recursos formativos desarrollados por los organismos públicos competentes.
Derecho a la participación y a interrumpir la actividad ante un riesgo grave
La persona trabajadora puede participar activamente en las cuestiones relacionadas con su seguridad y salud, comunicando situaciones de riesgo y proponiendo mejoras preventivas. Además, si considera que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, tiene derecho a interrumpir su actividad e incluso a abandonar el domicilio de inmediato, sin sufrir ningún perjuicio por ello.
Este derecho refuerza la protección efectiva de la persona trabajadora y obliga al empleador a actuar con diligencia ante cualquier situación de peligro.
Derecho a la vigilancia de la salud
También se reconoce el derecho a la vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos identificados en la evaluación. Esto incluye la posibilidad de realizar reconocimientos médicos voluntarios, gratuitos para la persona trabajadora y realizados respetando siempre su intimidad y dignidad.
La periodicidad mínima recomendada es cada tres años, aunque puede ajustarse si cambian las condiciones de trabajo o se detectan nuevos riesgos que así lo aconsejen.
¿Cómo afecta esta normativa a la relación laboral en el hogar?
La aplicación de estas medidas tiene un impacto positivo tanto para el empleador como para la persona trabajadora. Para quien contrata, proporciona un marco claro para cumplir con sus obligaciones legales, reduce el riesgo de sanciones y contribuye a crear un entorno de confianza y respeto mutuo.
Para la persona trabajadora, supone una protección real y efectiva de su salud, el reconocimiento de derechos históricamente limitados y un paso decisivo hacia la profesionalización del empleo doméstico. En conjunto, estas obligaciones refuerzan una relación laboral más equilibrada, segura y conforme a derecho.
¿Qué marco legal regula la seguridad y salud en el empleo doméstico?
La protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar se sustenta en un conjunto de normas que definen los derechos de las personas trabajadoras y las obligaciones de los empleadores.
Real Decreto 893/2024
El Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, constituye la norma central de este régimen. Desarrolla de forma específica el derecho a una protección eficaz, establece la obligación de realizar la evaluación de riesgos, regula la formación preventiva, la vigilancia de la salud y los protocolos frente a la violencia y el acoso, y encomienda al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la elaboración de herramientas y guías técnicas para facilitar su cumplimiento.
Ley 31/1995
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es el marco general que reconoce el derecho fundamental de las personas trabajadoras a la protección de su seguridad y salud. El Real Decreto 893/2024 adapta y concreta los principios de esta ley al ámbito específico del hogar familiar, teniendo en cuenta sus particularidades.
