Límite de los PAGOS EN EFECTIVO
La prohibición de los pagos en efectivo por encima de 2.500 euros, medida nacida para luchar contra la economía sumergida, tendrá un régimen sancionador importante.
Esta limitación del pago en metálico por la adquisición de bienes o servicios intentará reducir la economía sumergida, que se calcula en un 20 por ciento en España.
Las dificultades que tendrán las empresas y los autónomos para utilizar ese dinero en efectivo va a desincentivar que admitan recibirlo a partir de ahora.
Se reducirá la circulación de pagos de dinero en efectivo, ya que en la gran mayoría de estas operaciones se utiliza dinero en B. Un indicador que lo demuestra es que España es el país europeo donde más cantidad de billetes de 500 euros se usan en estos pagos, (el 70% de las operaciones frente al 34% de media europea).
La medida afectará principalmente al sector minorista, negocios en los que previsiblemente se reducirán los pagos en efectivo ya que disuadirá a muchos posibles defraudadores de blanquear dinero ante el riesgo que puede suponer la operación.
Esta medida también se dirige a las operaciones en las que figure al menos un empresario, excluyendo a los particulares
Al limitar los pagos en efectivo se reducirá el número de facturas falsas de empresas y autónomos que emiten facturas falseas para evitar el pago de este impuesto a nivel intracomunitario.
No obstante, generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes podría salir a cuenta ya que implica ahorrarse tanto el pago del Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30% del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe muy superior al del 25% que deberían afrontar como máximo si son ‘cazados’ por Hacienda.
Por lo que se refiere a la sanción aplicable, la multa será un máximo del 25% de la cantidad defraudada.